Presenta diputada Rebeca Peralta iniciativa para garantizar continuidad de tratamientos hormonales a personas transgénero privadas de su libertad

Por Raúl Macías

Con el objetivo de que más del 70% de personas trans que se encuentran privadas de su libertad y a quienes se les ha interrumpido sus tratamientos hormonales, así como moderantes y cuenten con el apoyo médico que requieren, la diputada local del PVEM, Rebeca Peralta León, presentó en el pleno del Congreso capitalino, una iniciativa para reformar la Ley de Salud de la Ciudad de México

Al explicar el objetivo de la iniciativa, la ecologista busca que ese sector de la población que se encuentra en los centros de reclusión capitalinos, cuenten con una atención médica integral, toda vez que la interrupción de tratamientos hormonales y moderantes, vitales para su bienestar, puede desencadenar graves consecuencias físicas y mentales en las personas transgénero.

“Según datos de organizaciones de la sociedad civil, más del 70% de las personas trans privadas de su libertad reportan haber sufrido la interrupción de sus tratamientos hormonales, lo que conlleva a un grave deterioro de su salud, y en muchas ocasiones depresión, ansiedad, e incluso ideas suicidas”, por lo que hizo un llamado a evitar cualquier asunto grave dentro de los penales de la CDMX.

Asimismo, consideró, que es imperante que se entienda que el derecho a la salud de las personas trans no se suspende por su situación de privación de libertad, por lo que resulta importante resaltar que el Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad de los tratamientos médicos previamente iniciados, para que así cuenten con una mejor calidad de vida quienes están en reclusión.

De acuerdo a la iniciativa de la representante popular del PVEM, se propone sea adicionado el artículo 144Bis a la Ley de Salud de la Ciudad de México, para que las Secretarías de Salud y la  Secretaría de Seguridad Ciudadana coordinen esfuerzos para garantizar la continuidad y adecuación de tratamientos hormonales y moderantes en forma permanente, oportuna y eficiente, así como la atención médica integral para las personas transgénero privadas de su libertad que se encuentren en cualquier etapa del tratamiento.

“Se debe garantizar la continuidad ininterrumpida de los tratamientos hormonales y moderantes previamente prescritos; también se deben establecer protocolos claros para la evaluación y ajuste de dichos tratamientos, siempre con respeto a la identidad de género de la persona; y asegurar el acceso a atención médica integral, incluyendo la salud mental, con profesionales capacitados y especializados”, explicó.

Peralta León lamentó, que las personas trans privadas de libertad, se encuentren totalmente invisibilizadas, y que prueba de ello, “es que no existen datos oficiales actualizados sobre esta población y su situación. Esta no es una cuestión de ideologías, sino de humanidad. Se trata de reconocer que las personas trans, incluso tras los muros de una prisión, son titulares de derechos”, insistió.

Resaltó, que de los pocos datos estadísticos que existen en México sobre personas trans, la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) 2018 informa que 25.9 por ciento de ellas reportó haber vivido agresiones físicas en su contexto familiar durante su adolescencia y 64.9% recibieron comentarios negativos y ofensivos acerca de su identidad de género.

Y, que por esta razón, alrededor del 25.2 por ciento de ellas dijo haber salido de su hogar antes de cumplir los 18 años. En cuanto a incidentes de discriminación en su vida cotidiana, el 33.2 por ciento dijo haber vivido algún incidente en su barrio o comunidad, el 39 por ciento dentro de su lugar de trabajo y el 40.8 por ciento ha dicho que en servicios de salud les han humillado o tratado mal.

“La discriminación y exclusión forman parte de la cotidianidad de gran parte de las mujeres trans, pues muchas de ellas se quedan sin el apoyo de sus familiares o amistades a la hora de transicionar o de expresar su identidad de género y, en el caso de aquellas que viven situaciones de especial vulnerabilidad, la probabilidad de que sean criminalizadas en algún punto de su vida aumenta de forma considerable”, agregó.