Comprometer futuro
*Humberto Ambriz
Hace unos días se presentó en Camara de Diputados un dictamen que, en apariencia habla de inversión, de infraestructura y de desarrollo, pero cuando se revisa el fondo, lo que encontramos es otra cosa: una reforma que pone en riesgo la transparencia, la estabilidad fiscal, la certeza económica del país y el futuro de las próximas generaciones.
El dictamen propone la creación de nuevos mecanismos, como los llamados “Vehículos de Coordinación en Inversiones” y los “Contratos de Inversión Estratégica”. En teoría suenan innovadores. En la práctica, son figuras que permiten algo profundamente delicado: comprometer recursos sin reconocer deuda y sin garantizar obligaciones claras del Estado.
El propio documento reconoce que estos mecanismos, no implican obligaciones a cargo del Gobierno Federal, ni garantiza financiamiento o aportaciones. ¿Qué significa esto?, que los inversionistas no tendrán certeza de pago, que el riesgo se traslada completamente al sector privado y que el gobierno se reserva el derecho de decidir discrecionalmente quién sí y quién no recibe contratos.
Pero hay un tema aún más grave: el intento de maquillar las finanzas públicas. Este dictamen modifica la forma en que se calcula el gasto corriente estructural, excluyendo rubros clave como programas sociales y la nómina de sectores fundamentales como salud, educación y seguridad. Además, pretende que el gasto de empresas como Pemex y CFE no se contabilice de la misma manera dentro del balance presupuestario.
¿El resultado?
Reducción artificial del gasto público, simulación del déficit real y una narrativa ficticia de estabilidad.
Lo dice con claridad el propio análisis técnico: se podrían “ocultar”, más de 1.4 billones de pesos del gasto público, distorsionando la realidad fiscal del país. Eso no es disciplina financiera, eso es manipulación contable, y las consecuencias pueden ser muy graves.
Esta reforma no solo afecta el hoy, compromete el futuro.
Pero aún hay más, se abre la puerta para realizar contrataciones sin suficiencia presupuestal, permitiendo pagos diferidos que se trasladarán a ejercicios futuros. Esto implica algo muy claro, comprometer recursos que no existen hoy y cargando la deuda a las siguientes generaciones.
Además, se concentra el poder de decisión en un Consejo integrado únicamente por dependencias del Ejecutivo, sin contrapesos reales. Esto significa que los llamados “proyectos estratégicos” no responderán necesariamente a las necesidades del país, sino a decisiones unilaterales del gobierno. Eso no es planeación, eso es centralización.
El desarrollo económico requiere reglas claras, instituciones fuertes, y decisiones técnicas no discrecionales. Y aquí, aquí no veo ninguna de esas tres cosas. Veo un gobierno que ante la falta de recursos, busca mecanismos para financiarse sin reconocer deuda, veo un intento por ocultar la realidad de las finanzas públicas y también veo un modelo que genera incertidumbre para inversionistas, y riesgo para la economía.
México necesita inversión, sí, pero inversión con reglas claras, con certeza jurídica y con responsabilidad fiscal, no con mecanismos opacos ni con cifras maquilladas.
*Integrante del GPPRI en la Cámara de Diputados
