México continúa recibiendo recomendaciones internacionales sobre la figura de la prisión preventiva oficiosa
*Humberto Ámbriz
Ya no solamente modificamos este artículo a diestra y siniestra, sino qué seguimos ampliando un catálogo que a todas luces contraviene los principios esenciales de los derechos humanos.
Recientemente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk, expresó una vez más su preocupación por las reformas aprobadas el año pasado, por ello, reforzamos el argumento de que no podemos seguir con esta figura en nuestra legislación, y por su puesto mucho menos en nuestro texto Constitucional.
México, ha sido instado en múltiples ocasiones a reformar su legislación para garantizar que la prisión preventiva, solo se aplique de manera excepcional y justificada, en lugar de ser una norma automática.
En países con sistemas judiciales avanzados, la privación de la libertad antes de un juicio, se basa en una evaluación individualizada del riesgo, y no en una regla general.
Sin embargo, aquí se ha defendido esta figura, bajo el argumento de combatir la impunidad, cuando en realidad ha generado un sistema que criminaliza la pobreza y facilita la corrupción dentro de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
Por otro lado, las reformas que se han impulsado en los últimos meses, bajo la narrativa de “defender la soberanía nacional”, no son más que un ejercicio de demagogia política. El nacionalismo exacerbado ha sido utilizado históricamente por gobiernos populistas para desviar la atención de problemas estructurales como la inseguridad, la corrupción y la falta de crecimiento económico.
La retórica de proteger los recursos estratégicos, y fortalecer el papel del Estado, suena atractiva en el discurso, pero en la práctica estas reformas suelen carecer de un plan realista para su implementación y terminan debilitando la competitividad del país.
Las reformas propuestas no buscan un beneficio colectivo, sino consolidar el discurso, desviando la atención de lo que realmente nos preocupa. Es momento de exigir políticas basadas en evidencia y respeto a los derechos humanos, en lugar de discursos vacíos, que solo perpetúan la crisis institucional que hoy estamos viviendo, y que cada vez que salimos de nuestras casas, basta ver la inseguridad e incertidumbre laboral.
Seguiré haciendo un respetuoso llamado a que se atiendan las recomendaciones internacionales, y a que por fin podamos dar pasos para una efectiva erradicación de la prisión preventiva oficiosa.
El Gobierno debe de dejar de inventar discursos vacíos, México pasa por una gran crisis de credibilidad, es tiempo de que busquemos verdaderas reformas que transformen a nuestro país.
*Integrante del GPPRI en la Cámara de Diputados.
