Piden incrementar penas por el delito de abandono de adultos mayores

Redacción 

Ante el abandono, la negligencia y la falta de cuidados que enfrentan los adultos mayores, por parte de quienes tienen la obligación de cuidarlos, la diputada Adriana Espinosa de los Monteros García propuso incrementar las penas al delito de abandono de las personas de este grupo poblacional, mediante una reforma al Artículo 156 y la adición del Artículo 156 BIS al Código Penal capitalino. 

Explicó que su iniciativa busca establecer una sanción específica para quien abandone sin motivo justificado a una persona mayor que no puede valerse por sí misma, a pesar de tener la obligación legal de cuidarla. 

“Se propone una pena de cuatro a ocho años de prisión y de 300 a 600 días de multa, así como la pérdida de los derechos que el responsable tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio y hereditario”, precisó la legisladora de Morena. 

Agregó que cuando el abandono resulte en un daño a la salud física o mental de la persona adulta mayor, la pena se incrementaría hasta en una mitad, y que cuando se produzca la muerte de ésta, como consecuencia del abandono, se impondría una pena de 10 a 16 años de prisión, sin perjuicio de otras responsabilidades penales que pudieran actualizarse. 

En ese contexto, expuso que las personas mayores han contribuido a construir las familias y las sociedades actuales con su trabajo, esfuerzo y sacrificio. “Son mujeres y hombres que han dedicado gran parte de su vida al cuidado de sus familias, a sacar adelante a sus hijas e hijos y a sostener sus hogares”, comentó. 

La representante popular lamentó que muchos adultos mayores enfrentan abandono, negligencia y falta de cuidados, incluso por quienes tienen la responsabilidad legal de protegerlos. Por ello, enfatizó, el abandono de las personas mayores no es un asunto privado ni un problema que deba resolverse únicamente al interior de las familias. 

“Es una forma de violencia que vulnera la dignidad humana, pone en riesgo la integridad física y emocional y, en los casos más graves, puede comprometer la vida de quienes se encuentran en condiciones de dependencia”, subrayó. 

Asimismo, aclaró que su propuesta no busca criminalizar las dificultades económicas ni las complejidades que pueden presentarse en el ejercicio de las responsabilidades familiares y de cuidado. 

Se trata, apuntó, de sancionar el abandono injustificado cuando exista una obligación legal de cuidado y su incumplimiento ponga en riesgo la vida, la integridad o la dignidad de una persona que no puede valerse por sí misma. 

“Porque cuidar no debe entenderse únicamente como una obligación moral; cuando existe un deber legal, su incumplimiento también debe tener consecuencias jurídicas”, apuntó Adriana Espinosa de los Monteros. 

Destacó que esta práctica común se ha invisibilizado al interior de las familias y que tiene mayor incidencia en las mujeres mayores. “Muchas dedicaron su vida al trabajo doméstico y de cuidados, frecuentemente sin remuneración ni acceso suficiente a la seguridad social. 

Paradójicamente, después de haber cuidado de otras personas durante décadas, pueden llegar a la vejez sin redes de apoyo y en condiciones de abandono y vulnerabilidad económica”, acotó. 

Por ello, recalcó que el fortalecimiento del marco penal local además debe acompañarse de políticas públicas de prevención, sistemas de cuidados accesibles, mecanismos de atención y canales eficientes que permitan identificar oportunamente las situaciones de riesgo.