¿Periodistas, influencers o voceros del poder? Cuatro personajes bajo la lupa

El verdadero compromiso del periodismo no es con el poder, sino con la sociedad

Ámbitio de lo Público

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La queja sobre acoso que hiciera la reportera Reyna Ramírez Hernández en contra de Carlos Pozos, conocido como «Lord Molécula», esa que le causó risa a la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene que llevar a la reflexión sobre hasta dónde los llamados «paleros» pueden sentirse los amos y señores de las conferencias mañaneras, porque es claro que no se debe permitir coartar la libertad de expresión de verdaderos periodistas. 

Es claro que, en México, el ejercicio del periodismo atraviesa una transformación que merece ser analizada con seriedad, donde las famosas redes sociales abrieron espacios para nuevas voces, pero esa apertura también trajo consigo una pregunta que no podemos ignorar: ¿quién informa, quién opina, quién hace propaganda y quién obtiene beneficios económicos de su cercanía con el poder? 

Pero hay que analizar cuatro nombres que han ganado notoriedad en el debate político y mediático nacional: Carlos Pozos, conocido como «Lord Molécula»; Ignacio Rodríguez, «El Chapucero»; Vicente Serrano, de Sin Censura, y Poncho Gutiérrez, vinculado a «El Deforma», que son más odiados que queridos por miles de mexicanos. 

Carlos Pozos alcanzó notoriedad por sus participaciones en las conferencias matutinas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde su estilo, preguntas y cercanía con aquel espacio presidencial lo convirtieron en un personaje ampliamente reconocido en las redes sociales, pero también existen antecedentes económicos que merecen escrutinio. 

Mientras que Ignacio Rodríguez, conocido como «El Chapucero», construyó una comunidad importante en YouTube mediante contenidos de supuesto análisis político, comentarios y noticias. Sin embargo, su trayectoria también ha sido objeto de cuestionamientos sobre el rigor de sus publicaciones que van más enfocadas en defensa del gobierno federal y sus funcionarios. 

Un hecho de gravedad fue cuando en tiempos de la pandemia de COVID-19 hizo afirmaciones en su canal sobre la hidroxicloroquina como supuesta cura contra el coronavirus, cuando no existía evidencia científica que demostrara esa eficacia, por lo que después en una entrevista con Chequeado, reconoció errores en la información difundida durante aquella etapa y explicó que buena parte de sus contenidos se alimentaban de publicaciones de redes sociales y otros medios, o sea, no es periodismo de investigación. 

Vicente Serrano de «Sin censura», no se queda atrás, también ha sido acusado de ser violentador de mujeres en las redes sociales, y se dice que ha construido un espacio de comunicación con una postura política claramente identificable, donde también es férrea la defensa que hace del gobierno cuando salen videos, notas o audios de presuntos actos de corrupción. 

La libertad de expresión también implica responsabilidad frente a lo que se difunde, porqie hay que recordar que en septiembre de 2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió el expediente SUP-REP-268/2025, relacionado con una queja por la presunta difusión sin consentimiento de domicilios particulares en publicaciones de Ricardo Sevilla y un video de Sin Censura en el que se habrían mostrado documentos con esos datos. 

Finalmente se encuentra Poncho Gutiérrez, vinculado al proyecto «El Deforma», quien representa otra vertiente del ecosistema digital: el humor, la sátira y el comentario político, pero utilizando el medio como propagandista, pero al igual que sus «camaradas», han recibido contratos de publicidad jugosos por parte del gobierno federal. 

Sus casos permiten discutir un problema más amplio: la relación entre comunicación, poder político, publicidad gubernamental y credibilidad. La publicidad oficial no debe convertirse en premio para los simpatizantes ni en castigo para los críticos. Debe asignarse con criterios transparentes, verificables y públicos. 

El periodismo no consiste en aplaudir al gobernante, tampoco en atacarlo por sistema. Consiste en investigar, contrastar, documentar y publicar, incluso cuando los resultados incomodan a quienes tienen el poder. En una democracia, ningún periodista, influencer, conductor o creador de contenido debe estar por encima del escrutinio público.