¿Quién vigila a los vigilantes de la democracia?

Hay instituciones cuya responsabilidad va mucho más allá de cumplir una función administrativa. El Instituto Nacional Electoral (INE) es una de ellas. Su razón de existir es garantizar que la voluntad de los mexicanos se respete en las urnas y que la democracia tenga una autoridad capaz de generar confianza. Por eso, los señalamientos de presuntas irregularidades en sus contrataciones no pueden considerarse un asunto menor. 

El escándalo ha escalado. El Órgano Interno de Control del INE informó sobre seis denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de la República contra funcionarios, exfuncionarios y empresas, por posibles delitos relacionados con el manejo de recursos públicos, entre ellos tráfico de influencias, cohecho y uso ilícito de atribuciones. Las investigaciones también alcanzan contrataciones de materiales para la elección judicial de 2025 y la producción de credenciales para votar. 

La situación adquirió otra dimensión tras la renuncia anticipada de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo, el pasado 25 de octubre. Su salida, en medio de los señalamientos que la involucran, no significa que exista una responsabilidad penal acreditada. Eso corresponde determinarlo a las autoridades competentes. Sin embargo, tampoco puede ignorarse el impacto institucional que representa una crisis de esta naturaleza. 

Aquí aparece una pregunta que merece respuesta: ¿quién supervisó las contrataciones, quién autorizó los procedimientos y por qué tuvieron que surgir denuncias y cuestionamientos públicos para que se impulsaran investigaciones de mayor alcance? No basta con señalar a quienes pudieron haber cometido irregularidades; también es indispensable revisar los mecanismos de vigilancia que debieron prevenirlas. 

La nueva conducción del Instituto, encabezada provisionalmente por Blanca Cruz García, tiene ante sí un reto que no se resuelve con comunicados ni declaraciones de cero tolerancia. Se necesitan auditorías transparentes, expedientes accesibles, explicaciones sobre los contratos cuestionados y, sobre todo, resultados. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió con cada peso del presupuesto electoral. 

Pero hay algo todavía más delicado: el daño que una crisis de este tipo puede ocasionar a la credibilidad de las instituciones democráticas. México necesita elecciones confiables, autoridades independientes y reglas claras. La confianza ciudadana no se obtiene por decreto ni se conserva únicamente por la historia de una institución; se construye con transparencia y rendición de cuentas. 

Tampoco sería justo convertir las denuncias en una sentencia anticipada ni utilizar el caso como argumento para descalificar al organismo en su conjunto. Investigar con rigor, respetar la presunción de inocencia y sancionar a quien resulte responsable son condiciones indispensables para que la verdad prevalezca. 

La democracia mexicana no puede permitirse instituciones intocables, pero tampoco instituciones condenadas sin pruebas. Lo que necesita son instituciones que rindan cuentas y autoridades que no tengan privilegios frente a la ley. 

Porque al final, la pregunta no es solamente quién pudo beneficiarse de los contratos del INE, sino quién va a responder por la confianza que los mexicanos depositaron en una institución que tiene la obligación de cuidar la democracia. 

La democracia no solamente se defiende contando votos; también se defiende cuidando cada peso que se utiliza para garantizarla.