Lobo y Avendaño se están lengüeteando el hocico para repartirse 80 millones de pesos del PRD CDMX

El diputado de Morena, Víctor Hugo Lobo Román y la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, andan como matrimonio que está en espera de que la autoridad se apendeje para agandallarse 80 millones de pesos que le corresponden a las prerrogativas del PRD CDMX del periodo 2025, las que deben ser auditadas y sancionadas.

Para nadie es de sorprender la cercanía entre el morenista Lobo y Avendaño, que andan haciendo todo tipo de triquiñuelas por quedarse con ese dinero que estaba destinado para el pago de la base trabajadora del sol azteca, pero como ha sido tanta la ambición de Víctor y Jesús Zambrano y ahora de la consejera, iniciaron los pleitos contra la dirigencia del partido amarillo y negro en la capirucha, de donde salió el Lobín canallín tranzacín.

Nora Arias Contreras se ha cansado de demostrar que esos políticos, que son considerados ya “cartuchos quemados”, nada tienen que ver con el manejo del PRD en la Ciudad de México, pero como es tanta la lana que anda bailando, que a ellos no les importa sobre de quién pasen, y en esta ocasión ya la dirigente del sol azteca solicita la intervención de las autoridades competentes.

Otra lectura que se le puede dar a este tema, es que, Lobo y Zambrano intentan dar un golpe de estado contra Nora Arias para sacarla de la dirigencia, porque para ellos, ese instituto político sería el gran negocio de sus vidas en las elecciones del 2027, ello, porque les sería fácil ofrecer diputaciones y cargo de alcaldes al mejor postor, pero su soñada “mina de oro” se encuentra lejos de sus garras carroñeras.

Regresando al asunto que hace se les caiga la baba a Lobo y Avendaño, resulta y resalta, que, debido a la omisión de reintegrar a la hacienda pública los recursos del PRD CDMX de 2025, podría generar responsabilidades y sanciones para los integrantes del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), y esto fue avalado por diputados de diversos partidos en el Congreso chilango.

Y fueron claros los legisladores al advertir, que “cualquier retención o manejo fuera del marco presupuestal, debe ser plenamente transparentado, auditado y en su caso sancionado por la Auditoría Superior de la Ciudad de México” y se dieron a conocer las principales responsabilidades administrativas previstas en la ley, delitos en los que estarían incurriendo Víctor y Patricia

Estos serían: uso indebido de recursos públicos, que se configura cuando funcionarios, “administran”, “retienen” o “disponen” de recursos públicos fura de los fines, plazos y reglas establecidas en la ley. En este caso, mantener recursos fiscales de un ejercicio concluido sin reintegrarlos, podrá interpretarse como una administración irregular de recursos públicos.

Y desvío de recursos públicos por la indebida retención que impida que dichos recursos regresen a la hacienda pública conforme al principio de anualidad presupuestal; y “omisión en el cumplimiento de obligaciones legales”, donde los servidores públicos tienen la obligación de observar los principios de legalidad y honradez, y se espera que las autoridades simpatizantes de Morena, vean por la legalidad y no sean cómplices del lobín canallín, tranzacín y los funcionarios que se pueden beneficiar con los 80 millones de pesos.